El gobierno español ha declarado zonas catastróficas en 16 comunidades autónomas tras los graves incendios y lluvias de los últimos tres meses. Se critica la lentitud y deficiencias en la entrega de ayudas, comparando con la Dana de Valencia y la situación en La Palma. La gestión de emergencias ha provocado un intenso debate político, con acusaciones mutuas sobre politización y falta de acción.

En el ámbito económico, el gasto en pensiones alcanzó un récord histórico de más de 13.600 millones de euros en agosto, un 6.7% más que el año anterior, con pensiones de jubilación cercanas a 1500 euros mensuales. La sostenibilidad del sistema es una preocupación.

Sobre la situación migratoria, los centros de menores no acompañados en Canarias, Ceuta y Melilla están saturados. El gobierno planea trasladar a unos 3000 a la península, lo que genera oposición de comunidades como Madrid y Baleares.

Se destaca la labor de la Iglesia y otras organizaciones brindando apoyo material y espiritual en las zonas rurales afectadas por los desastres. También se menciona la figura del Rey en la mediación.